La Oficina Anticorrupción (OA) mostró el pasado viernes 14 de octubre la segunda fase del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) en el marco de la jornada “El camino hacia la integridad sostenible: RITE como herramienta para la incorporación de la perspectiva de DDHH”.

La actividad fue realizada en el Palacio de las Aguas Corrientes y organizada junto a AySA, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Organización Internacional Del Trabajo (OIT), Proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe (CERALC, apoyado por Unión Europea), Pacto Global, Defensoría del Pueblo de la Nación y ONU Mujeres

El evento contó con la participación de especialistas y referentes de organismos especializados quienes analizaron el concepto de integridad sostenible. Además, se presentaron experiencias de trabajo sobre la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en el ámbito empresarial y del concepto de debida diligencia.

Durante la apertura, Malena Galmarini, presidenta del directorio de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) declaró: “Cuando hablamos de agua y cloaca, hablamos de derechos humanos: al agua potable, a la salud, al cuidado del medio ambiente, y esto tiene que ver básicamente con AySA. Ya desde el año pasado estamos trabajando junto con la oficina anticorrupción y con otras empresas en este registro de integridad y transparencia que no son solamente estos ejes tomados a modo clásico y tradicional si no que a mi entender es una mirada más moderna de cómo se construyen estos instrumentos, como una co-construcción que hace que nos den mayor participación a quienes después tenemos que estar involucrados”.

Seguidamente, Pablo González, presidente de YPF, recordó la firma del convenio con la OA en noviembre del 2021: “el RITE es voluntario pero queríamos estar porque entendemos que cumplir con las normas de transparencia y sustentabilidad se vuelve imperativo en un proceso de crecimiento, independientemente del marco jurídico de la empresa”.

Por su parte, Félix Crous, titular de la OA, agradeció particularmente a los organismos internacionales que apoyaron la iniciativa de elaborar el Registro. “Esta es una expresión central de los objetivos que se ha dado la Oficina desde que iniciamos la gestión que es ser una dinamizadora, coordinadora, inspiradora, vinculadora para el desarrollo de políticas públicas de integridad y transparencia”, dijo Crous y agregó que “nuestra tarea es que robustecer la integridad sea una tarea transversal. Priorizamos a las empresas públicas como actores centrales en la instalación de la agenda¨. Esta iniciativa, contó Crous, forma parte de “nuestra tarea de ampliar nuestra proyección de la gestión pública que es mucho más que trabajar para que un funcionario o funcionaria no viole un conjunto de normas del derecho penal y administrativo en un proceso de compras, licitatorio. Gestionar es transformar la realidad. Nuestra Oficina tiene una modesta capacidad de intervención sobre la realidad pero ratificamos nuestra voluntad de decidir sobre esa voluntad en el sentido de hacer una sociedad que empiece a mostrar algún sesgo de equidad”.

Primer panel: Estándares internacionales de la integridad sostenible

En esta sección, se conversó sobre el marco de la integridad sostenible siguiendo los lineamientos establecidos por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT y los Estándares Interamericanos en materia de Empresas y Derechos humanos

Mariana Ahualli, oficial de Derechos Humanos y Empresas de ACNUDH, habló sobre la conducta empresarial responsable y dijo que “ busca un crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo. Las empresas contribuyen positivamente a la sociedad pero en el marco de sus actividades se producen también impactos negativos, que se deben gestionar de manera responsable”. Y agregó: ¨la debida diligencia es un proceso fundamental para la prevención que busca identificar los impactos negativos reales y potenciales. La debida diligencia es un proceso continuo que tiene etapas y está dirigido a la empresa y su cadena de valor”.

Dentro del mismo panel, Mariela Labozzetta, fiscala especializada en violencia contra las mujeres, dijo: “Cuando hablamos de violencia tenemos que hablar de desigualdad”, y contó que: “en la UFEM cada vez tenemos más casos de denuncia de violencias en ámbitos empresariales. Hay una necesidad de todas las personas que integran la comunidad empresarial y estatal de hacerse partícipes activamente para revertir las situaciones de violencia”.

Germán Zarama, punto focal del Centro para la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (OCDE), participó de manera virtual y ratificó “el respaldo de la OCDE a la segunda etapa del RITE” y agregó: “la integridad es una parte clave de la debida diligencia pero no toda. Las tareas de compliance son las primeras llamadas a articularse con otras áreas para darle una mirada integral. Para eso se recomienda las evaluaciones de riesgos e impacto”. En este punto, destacó al RITE como una herramienta clave para poner a dialogar distintas áreas y reportar de manera integrada”.

También de manera virtual, Jaime Godoy, coordinador nacional para Argentina, Brasil y Chile del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe de la OIT, mencionó que “la declaración de la OIT da instrucciones específicas directas a las empresas, también habla a los gobiernos y a los mandatos tripartitos”. Godoy contó que ¨es clave el diálogo social, en el sentido de que en todos los desarrollo y programas tiene que haber participación de los trabajadores con los empleadores. RITE es un ejemplo de cómo se pueden ir incorporando estas variables que no son tan fáciles de medir y que tampoco son siempre fáciles de mostrar a nivel de resultados”.

La moderación estuvo a cargo de Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto quien se encuentra a cargo del diseño del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
 

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