La Oficina Anticorrupción (OA) disertó en el VII Foro Regional de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos para América Latina y el Caribe realizado en Bogotá, Colombia, entre los días 13 y 15 de julio.

El foro regional se enmarca en el Proyecto conjunto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC). Este Proyecto se implementa en conjunto con OCDE y OIT, con el apoyo de la Unión Europea, y busca promover prácticas de conducta empresarial responsable en línea con estándares internacionales, incluyendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT.

En este foro, Natalia Torres, directora nacional de Ética Pública de la OA, participó del panel “Empresas, corrupción y derechos humanos: protección de alertadores y herramientas para el desarrollo de políticas preventivas”.

“Un primer punto importante es que entendemos a la corrupción como un fenómeno que transcurre no exclusivamente en el sector público, sino también en el sector privado, en la sociedad”, sostuvo Torres, y agregó que “hay que atender toda la complejidad del fenómeno, no solo políticas de integridad para el sector público”. Para la funcionaria, es necesario “repensar la integridad de manera ampliada, no es sólo anticorrupción. Hay que pensar a la corrupción como un fenómeno de abuso de poder; hay que pensar la gramática del poder, el impacto diferenciado que pueden tener en grupos históricamente desaventajados”.

Luego, Torres presentó el Registro de Integridad para Empresas y Entidades (RITE). “Es una iniciativa, un espacio que busca mostrar el compromiso de las empresas en materia de integridad, fue coconstruido con empresas, con la sociedad civil, organismos públicos y la academia”, dijo. Resaltó que el RITE “permite visualizar los programas de integridad y facilita la debida diligencia entre empresas y con el sector público”. Además, explicó que la OA está trabajando en una segunda etapa del Registro “buscando pensar la integridad sostenible” y de esta manera “incorporar políticas de género y derechos humanos con un esquema que facilite la debida diligencia y así tener una mirada completa de las acciones que desarrollan las empresas”.

También fueron parte del panel Bruno Galizzi, research and assessment, Spain, Blueprint for Free Speech; Laura Esparza, coordinadora de proyectos y profesora en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Derechos Humanos y Empresas, Universidad de Monterrey (UDEM); Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, Grupo de trabajo sobre las empresas y los derechos humanos; Milan Trnka Osorio, oficial jurídico en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Yolanda Perea Mosquera, activista afrocolombiana. La moderación estuvo a cargo de Paula Saucedo Ruiz, oficial del programa de Protección y Defensa en Artículo 19, México.