El miércoles 26 de octubre, se realizó la segunda actividad formativa que la Oficina Anticorrupción (OA) organizó junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mendoza para presentar el Registro de Transparencia e Integridad de las Empresas y Entidades (RITE) y su aplicación en el ámbito local, en esta oportunidad se conversó sobre la incorporación de los módulos de género, medio ambiente y derechos humanos al RITE.

En el inicio del evento, la directora nacional de Ética Pública, Natalia Torres contó sobre el camino que se está transitando respecto a la nueva fase del RITE: “estamos en pleno desarrollo de esta política, y por eso queremos poner las ideas en movimiento y ver qué cosas se les ocurre acerca del trabajo que estamos realizando”. En este sentido, recordó que ya está abierta la inscripción para participar de las mesas de trabajo sobre el cuestionario del módulo de género que se incorporará al RITE.

La funcionaria hizo hincapié en que “las políticas de integridad no pueden ser pensadas exclusivamente desde una agenda anticorrupción, sino en relación al respeto al ambiente, con la promoción de igualdad de oportunidades, perspectiva de derechos humanos, porque es raro decir que alguien es íntegro si acosa, hay definiciones que necesitan una actualización. La idea es empezar a incorporar estas miradas”. Natalia Torres planteó que “en un futuro la evaluación de riesgos en una empresa será de 360 grados, donde no se evalúan exclusivamente las políticas anticorrupción, sino también los riesgos de género, derechos humanos, y en términos de ambiente. Se trata de evaluaciones más integrales”.

Por su parte, Andrés Bertona analista de la Oficina Anticorrupción, realizó una exposición sobre el módulo de derechos humanos en el que se trabajará para incorporar al Registro. Sobre ello, contó que “el puntapié inicial es preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos”. En una contextualización histórica del concepto de derechos humanos, Bertona contó sobre el ámbito propio internacional, los diferentes mecanismos que se fueron implementando para proteger y garantizar los derechos de las personas; y también las normativas nacionales que acompañaron este proceso.
Bertona contó sobre la “agenda de conducta empresarial responsable donde las empresas deben respetar los derechos humanos” y sobre los puntos principales que se deben tener en cuenta para elaborar un plan de integridad con perspectiva de derechos humanos. Entre estos puntos resaltó: “el compromiso de la alta conducción sobre respeto a los derechos humanos; identificar o evaluar los riesgos negativos en las relaciones comerciales con la comunidad; asignación de responsabilidad dentro del personal de las empresas y que tengan los recursos necesarios para afrontar su tarea; supervisar la eficacia de las acciones que hacen estas personas para responder a los impactos o riesgos; e implementar mecanismos de remediación para individuos y comunidades teniendo en cuenta que pueden ser formales, pero también puede buscar la manera de solucionar el impacto que pueda llegar a tener, por fuera de la caja de lo que pensamos tradicionalmente”.

Seguidamente, Franchesca Mata, analista de la OA explicó los lineamientos generales del módulo de género y diversidad del RITE que está en proceso de elaboración. Como pregunta base de este desarrollo, la analista señaló: “cuestionarnos si es posible pensar en los programas de integridad sin tener perspectiva de género”. Para contextualizar el análisis en base a su planteo, Mata expuso datos oficiales sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, las tareas que realizan las mujeres “que tiene que ver con una prolongación de estereotipos de género”. En este sentido, habló de la segregación horizontal “la distribución no uniforme de las tareas en el universo laboral” y la segregación vertical “conocida como techo de cristal que tiene que ver con el acceso de las mujeres a cargos de alta dirección, donde se toman decisiones. Si las mujeres no llegamos a cargos de alta dirección difícilmente se ponga el centro en necesidades particulares de las mujeres en el ámbito empresarial”.

La analista resaltó la noción de corrupción como “una práctica social que es moldeada por nociones culturales acerca del poder, los privilegios y el status social”, por lo cual consideró que “la integridad debe incorporar la perspectiva de género en todos los sentidos”. Sobre los cuestionarios que se construirán de manera colectiva dijo que “fueron elaborados con los componentes de un programa de integridad”.

Por último, Germán Emanuele, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explicó las generalidades del módulo de ambiente sobre el cual se trabajará el año que viene. “El derecho a un ambiente sano está recogido en los instrumentos internacionales como uno de los derechos humanos que las empresas y estados tienen que respetar”, en este sentido resaltó la importancia de pensar “cómo vemos a la integridad desde la perspectiva del ambiente. O la noción de desarrollo sostenible o sustentable”.

“Es imposible pensar en la práctica las políticas de integridad sin contemplar el respeto al ambiente. Como parte de las políticas de cumplimiento de cualquier institución o empresa, muchas veces en los análisis de riesgo van a aparecer cuestiones ambientales”, expresó Emanuel. Además, resaltó que “la falta de integridad impacta en cuestiones de respeto y protección del ambiente. Hoy incluso hasta tiene una connotación específica vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible. Compromiso que asumen los Estados, empresas, sociedad civil en pos de garantizar las metas y los compromisos en materia de desarrollo. Implica que nuestras propias necesidades no pongan en riesgo las necesidades de generaciones futuras”.

Respecto al cuestionario sobre esta temática, a tratarse más adelante, el consultor PNUD explicó sobre los documentos preliminares que: “en materia ambiental, recogiendo la experiencia del RITE 1, se empezó a trabajar en las preguntas que tiene las mismas características de los anteriores sobre cómo está distribuido. Tiene componente de evaluación de riesgos, políticas para mitigarlos, comunicación, compromisos de la alta dirección, relacionamiento con las comunidades, conducta empresarial responsable, entre otros; todo se unificó y se armonizó con el resto de los componentes para que se hable el mismo lenguaje”. A través de la información que se vuelque en este módulo, “se va a poder reportar la existencia de gestión ambiental o programa de gestión, políticas de gestión asociadas a los impactos, iniciativas voluntarias, y espacios de articulación con las comunidades que juega la delgada línea entre lo que es la responsabilidad social y la conducta empresarial responsable”, dijo Emanuel.

Las dos jornadas estuvieron coordinadas por Lucia Toso y Virginia Coraglia Papailiou de la Universidad de Mendoza.