En el marco de la revisión y evaluación de la nueva Estrategia Nacional de Integridad (ENI), la Oficina Anticorrupción (OA) mostró el estado de situación de esta propuesta que tiene como eje privilegiar una visión estratégica, integral y federal, jerarquizando la política preventiva.

La apertura de la reunión del Consejo Asesor para la ENI estuvo a cargo del Titular de la OA, Félix Crous quien explicó el marco general y elaboración participada del proyecto de la nueva Ley de Integridad y Ética en la Función Pública, que atenderá, entre otros temas a la creación de autoridades de aplicación en los distintos poderes del Estado y al establecimiento de un Sistema Nacional de Integridad.

“Hay que hablar sin falsos pudores de los problemas de conflictos de intereses” dijo Crous al referirse a la prevención del fenómeno de puerta giratoria y de la captura institucional de las decisiones del Estado.

Sobre esta reforma, Crous destacó que se debe incluir la perspectiva de género y derechos humanos, ya que “no es posible la gestión íntegra y transparente si no respetamos no sólo la ley sino el respeto a la dignidad, la integridad de todos los géneros y el respeto a los derechos humanos en las acciones de la gestión”. Crous resaltó además la creación de la Mesa Nacional de Integridad “porque a mayor cantidad de actores, mayor es el riesgo de duplicación; necesitamos tener coordinación horizontal y vertical en el Estado y con las provincias y municipios”.

Por su parte, Leopoldo Giupponi, coordinador del área de Conflictos de Intereses de la OA brindó detalles sobre el trabajo en transparencia activa en pre y post empleo que tiene como objetivo desarrollar un sistema informático de Monitoreo de Actividades Privadas Anteriores y Posteriores. “Esta propuesta busca transparentar de una mejor manera utilizando las tecnologías actuales de información, de los antecedentes de hasta tres años de las personas que acceden a altos cargos en el poder ejecutivo nacional e información sobre actividades que realizan al egreso de la función pública”, contó Giupponi y agregó: “son obligaciones que están previstas en la normativa vigente, buscamos mejorar el ambiente de control, abrirlo a la interacción con la sociedad civil para que puedan contribuir y monitorear”.

Daniela Urribarri, responsable del proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explicó las tareas de articulación con provincias y municipios que se desarrollan desde la Oficina. Indicó que “el abordaje con el que trabajamos es la construcción conjunta de estrategias de acción” con las distintas jurisdicciones que “comprende las necesidades particulares de cada lugar”.

Más adelante, la consultora Paula Honisch realizó una presentación sobre los principios mínimos para el ejercicio ético de la dirección en Empresas de Propiedad Estatal (EPEs) que se desarrolla con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este sentido, explicó: “El trabajo que hicimos fue empezar desde una identificación de obligaciones y buenas prácticas de funcionarios y funcionarias, de los organismos de la administración pública, para pasar a analizar cómo impactaban estas obligaciones”. Honisch contó que se realizaron mesas de trabajo con organismos de control y con empresas estatales para llegar a la confección de la guía práctica que “fue validada con organismos de control y áreas de transparencia”. La consultora explicó además que esta guía “es el inicio de un nuevo proceso, requiere de ser aprobada y comunicada formalmente para que luego las empresas decidan apropiarse de estas herramientas”. En ese proceso, “la OA acompañará a las EPEs en la toma de decisiones tomando en cuenta sus particularidades”.

Martina Cirimele, asesora de la OA, contó sobre el Registro de beneficiarios finales para evaluación de conflictos de intereses, una propuesta que apunta a establecer mecanismos de recolección y sistematización de los beneficiarios finales de las empresas proveedoras del Estado, ya que eleva los estándares de transparencia e integridad del sistema de compras y contrataciones; permitiendo, a su vez, conocer mejor a las personas físicas que contrata el Estado. “En los organismos del Estado se recolecta esta información, pero se necesita poder abrir estos datos para los organismos de control y la ciudadanía”, explicó.

La primera etapa de las exposiciones cerró con la participación de Raúl Saccani, consultor del BID e integrante de la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, explicó la iniciativa de la OA sobre del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas y Entidades (RITE), una herramienta de consulta para contrataciones del sector público que cuenta con el apoyo del BID. “Es una plataforma digital que tiene como prioridad que las organizaciones que estén registradas carguen información, den prueba de vida respecto de la madurez de su programa de integridad. Pensada en ayudar en el desarrollo y madurez de los programas de integridad”, contó Saccani. En la misma línea, agregó que “va a ser muy útil no sólo para el sector público a la hora de las contrataciones sino también en las interacciones entre los propios privados, el módulo vía y vigencia de terceros va a permitir complementar lo que las empresas hacen en materia de sus propios programas de integridad cuando se relacionan con terceras partes”. Por último, Saccani expresó: “estamos en la etapa del diseño con la colaboración de sectores claves para que logremos concretar un diseño que permita que más cantidad de organizaciones estén interesadas en sumarse, visibilizar sus programas de integridad y mostrar cómo avanzan en este sentido”.

Luego se realizó un momento de interacción abierta donde se brindaron respuestas sobre cada una de las iniciativas y presentaciones.

En una segunda etapa del evento, Juan Ignacio Morelli, Director Nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros realizó una presentación sobre el estado de situación de la Estrategia Nacional de Integridad. Destacó la importancia de “llevar las políticas de integridad y transparencia de una forma transversal a través de propuestas concretas”, e informó que durante este trabajo “56 organismos y 16 empresas públicas han sido asistidas para el diseño de propuestas”.

En el cierre, el Subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Luis Villanueva expresó que “el trabajo que venimos haciendo junto con la Secretaria de Empleo Público y con todos los organismos es un trabajo más complicado y difícil pero estábamos seguros de que iba a ser un trabajo que valía la pena, estamos en un proceso que se fue demorando porque hay organismos que todavía están mandando y hacemos revisiones, porque preferimos que las iniciativas que ustedes puedan ver sean las mejores que tienen los organismos”. Sobre los pasos a seguir, Villanueva contó que primero “se espera tener el reglamento para empezar a trabajar, iremos cerrando con los organismos para que presenten sus iniciativas, y finalizada esta etapa trabajaremos en un informe que lo sintetice y analice. No es solamente que esté colgado un conglomerado de fichas, sino que queremos trabajar en un informe que las aglutine y las exponga a la sociedad de la mejor manera posible. Y también queremos compartirlo con la Mesa Nacional de Integridad, algo que viene recomendado por organizaciones internacionales”. Por último, “ese informe va a ser aprobado por resolución, presentado al Consejo Asesor y después de eso la etapa donde será cargado en el Mapa de Acción Estatal que permita un control ciudadano. Este es un paso fundamental, antes no estaba estipulada la posibilidad de un control público, no sólo del Consejo sino de toda la ciudadanía”.