El encuentro tuvo lugar en forma virtual el 28 de agosto y el panel del que participó la Oficina contó con la presencia de autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de expositores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de las organizaciones no gubernamentales “Desarrollo y Autogestión” y “Asociación Civil Conectando Derechos”. La moderación estuvo a cargo de Nahuel Placanica representante de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En la apertura, Juan José Böckele, subsecretario general actualmente a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, destacó la importancia de generar espacios de intercambio sobre esta temática y celebró la participación de representantes del sector público y privado que presenten sus experiencias y los desafíos que conllevó su implementación.

En su exposición Carina Larocca, directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, presentó el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), herramienta digital que contribuye con la implementación de la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en materia de contrataciones públicas, pero cuya funcionalidad va mucho más allá de este cometido.

En tal sentido recordó que el RITE es una plataforma on line, voluntaria y gratuita, en la cual las empresas y entidades pueden registrar sus programas de integridad, a través de respuestas a cuestionarios autoadministrados que se refieren a los distintos componentes que estos pueden tener.Contempla dos secciones: por un lado, el “registro”, donde los usuarios dan cuenta de sus políticas de integridad, protección de datos y debida diligencia y, por el otro, la “caja de herramientas”, donde cualquier persona interesada puede acceder a material, guías y recursos para construir sus programas, autoevaluarlos, mejorarlos y enriquecerlos. En esta última sección se pone a disposición de los interesados un “simulador” a fin de que las empresas puedan ensayar la registración de su programa y medir su nivel de avance, sin que en la plataforma quede constancia de la información ingresada a modo de prueba.

Por otra parte, destacó que su construcción fue colaborativa, en el marco de un proceso participativo que contó con la mirada de los distintos actores, públicos y privados, interesados: empresas y entidades que las nuclean, organizaciones no gubernamentales con incumbencia en temas de integridad y transparencia, universidades, expertos y representantes de distintos organismos públicos. Al respecto, señaló que se realizaron siete mesas de trabajo multisectoriales en las que se recibieron más de 500 aportes vinculados al diseño y dinámica de la plataforma, a su contenido y al alcance de los cuestionarios y su impacto sobre la calificación de los programas.

Finalmente, señaló que el RITE comenzó en 2022 con 25 organizaciones -que habían participado en la etapa de diseño- y actualmente posee alrededor de 500 empresas registradas, en su mayoría pequeñas y medianas. Ello resulta demostrativo del valor de la herramienta, no sólo para acreditar la existencia de programas de integridad -cuando estos son legalmente exigidos- sino también para contribuir a su diseño y desarrollo, colaborar con los procesos de debida diligencia, intercambiar buenas prácticas y mejorar la reputación de las empresas en el mercado, convirtiéndose en una estrategia de negocio inteligente.