El Registro de Integridad y Transparencia en Empresas y Entidades RITE funciona activamente desde diciembre de 2022. Desde su puesta online ha sumado casi 100 registros, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre los inscriptos y propiciando una permanente interacción con la Oficina Anticorrupción (OA), dando lugar a nuevos desarrollos dentro de la plataforma.

Pero la tarea no solo depende de las empresas y entidades. Por esto, que cada vez más organismos incluyan dentro de sus requerimientos para compras y contrataciones el registro en el RITE, es un logro a destacar. Recientemente, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud incorporaron este requerimiento en sus licitaciones para la adquisición de materiales de fortalecimiento de la educación física escolar y de Implantes subdérmicos anticonceptivos, respectivamente.

Dentro de los requisitos administrativos, las licitaciones incluyen en sus cláusulas contar con un Programa de Integridad, tal como lo exige el artículo 24 de la Ley Nº 27.401. Como novedad suman que la existencia del Programa de Integridad sea acreditada por la Oficina Anticorrupción pudiendo utilizar como documento el que provee la plataforma RITE.

Esta incorporación de la herramienta en las contrataciones del Estado promueve el registro como método y colabora con el objetivo que la OA se propuso al momento de su creación: unificar y propiciar el uso de Programas de Integridad en empresas y entidades, facilitando el intercambio de experiencias y fortaleciendo las áreas de transparencia y compliance más allá del tamaño de la estructura comercial.

El portal COMPR.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de compras y contrataciones que llevan adelante las entidades gubernamentales, permitiendo la participación de los compradores, proveedores y la comunidad. Para participar de una licitación, es necesario que las empresas y entidades, sea cual fuere su tamaño, cumplan determinados requerimientos especificados en los pliegos de cada contratación.

Así, la integridad y la transparencia son no sólo promulgadas sino exigidas dentro del Estado Nacional, consolidando esta política pública a través de portales que permiten el acceso a la información y promueven la ética y la sostenibilidad.